Los vertidos en aguas continentales. Las técnicas de intervención administrativa.

Autor: Lucía Casado Casado

Editorial: Comares

Edición: 1ª Edición

Ciudad: Granada

Idioma: Castellano

Fecha de la edición: 1 de junio de 2004

ISBN: 9788484448488

Páginas: 584

Descripción

La intención de este trabajo es llevar a cabo un estudio de las técnicas de intervención administrativa sobre los vertidos en aguas continentales y, en particular, de la labor de prevención y corrección reservada a la Administración para eliminar o, siquiera, minimizar los riesgos que para la calidad de las aguas se deriven de tan perjudicial actividad. Las peculiares características de los vertidos, su potencial contaminante y los riesgos que llevan aparejados, no sólo para la vida humana sino también para la vida animal y vegetal y para el propio desarrollo de determinadas actividades, como la agrícola, exigen un control decidido de los mismos para limitar, en la medida de lo posible, sus efectos nocivos, partiendo ya de la base de que será imposible su completa eliminación, por cuanto dicha decisión condenaría a una importante paralización de la actividad industrial y del crecimiento económico. De lo que se trata, en definitiva, es de dotar a la Administración de una amalgama de instrumentos de intervención que le permitan, con carácter previo a la realización del vertido, su control a través de mecanismos de índole preventiva -fundamentalmente, la autorización administrativa de vertido-, así como la comprobación del cumplimiento de las obligaciones que se derivan del ordenamiento jurídico y de las propias imposiciones realizadas por la Administración en el acto autorizatorio. Estos instrumentos se complementan con aquellas otras técnicas correctoras, de carácter represivo y reparador, que permiten reaccionar frente a eventuales incumplimientos de las obligaciones condicionantes del vertido -es el caso del régimen sancionador- o exigir la reparación de los daños causados a las aguas. La oportuna utilización de estos mecanismos permitirá encontrar el necesario equilibrio entre desarrollo económico y protección de la calidad de las aguas, materializándose así el mandato constitucional a los poderes públicos de velar "por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva" (art. 45.2 CE)